3. Trabajo y economía social, popular y solidaria

La economía, desde una perspectiva formal, parte de la noción de escasez, en un marco de necesidades infinitas, por lo cual su función es economizar eficientemente los recursos escasos, lo que la limitaría a una tarea de administración. En cambio, desde una perspectiva sustantiva, cuando hablamos de economía estamos haciendo referencia a las distintas modalidades en que las sociedades y grupos sociales organizan la producción, distribución y consumo de los bienes y servicios que se necesitan para la satisfacción de las necesidades y la reproducción de la vida.

En esta visión sustantiva, de la cual el filósofo y cientista social Karl Polanyi es uno de los principales exponentes, el énfasis está puesto en la interdependencia entre las personas y la naturaleza, y de estas entre sí, para obtener su sustento. Desde esta concepción, entonces, la economía es el proceso por el cual se satisfacen las necesidades humanas en una determinada sociedad, mediante diversas modalidades de producción, distribución, consumo y reutilización de bienes para satisfacer necesidades y multiplicar capacidades, bienes que pueden ser materiales, simbólicos, relacionales, finales o intermedios.

Este autor introdujo la distinción fundamental entre sociedades caracterizadas por la reciprocidad, por la redistribución y por el intercambio, diferenciando los mercados periféricos o secundarios (en aquellas sociedades donde existe el mercado, pero este no constituye el eje ordenador general) de las sociedades con un sistema generalizado de mercado. Analiza también cómo se produce la circulación económica en las sociedades precapitalistas, en las que la economía está incrustada en otras relaciones sociales. En la sociedad moderna la economía se habría independizado del resto de las instituciones sociales para después dominarlas progresivamente. En cambio, en la casi totalidad de las sociedades tradicionales, la economía estaría empotrada o incrustada en otras relaciones sociales, como las relaciones de parentesco o los fenómenos religiosos. Para Polanyi, los aspectos institucionales son cruciales en todaeconomía, en la medida en que aseguran la recurrencia de los movimientos económicos y dan unidad al sistema productivo. Ya a mediados del siglo XX Polanyi señalaba los peligros implícitos en el hecho de que la definición formal de la economía se convirtiera en paradigma académico, visión política y sentido común. De esto se desprenden algunas consecuencias significativas, como la autonomización de la esfera económica con respecto al resto de la sociedad y la identificación del mercado con un mercado autorregulado. Basada en ello, según Polanyi (1977), esta corriente a la que llama “economía formal moderna” contempla determinados rasgos característicos:

1. Autonomización de la esfera económica (asimilada al mercado) con respecto al resto de la sociedad. A través de este movimiento, se reduce lo económico únicamente a lo que pasa por el mercado. Desde esta perspectiva formal, el problema económico central es la escasez. Los recursos disponibles en una sociedad (naturaleza, dinero, trabajo) no son suficientes para satisfacer sus necesidades (ilimitadas). Por lo tanto, la economía debe proponer soluciones eficientes que resuelvan esta situación, diseñando mecanismos para cubrir una cantidad creciente de necesidades y empleando recursos disponibles escasos. Para resolver esta asignación eficiente de recursos escasos a fines múltiples se recurre al mercado, utilizando los precios como pauta para ordenar la distribución. Así, el mercado sería la institución donde se ejercen las acciones individuales para lograr el bienestar de la sociedad. En consecuencia, desde esta perspectiva solo tendrían carácter económico las prácticas que pasan por el mercado.


2. Identificación del mercado como institución autorregulada. Este aspecto implica el ocultamiento de todos aquellos cambios históricos e institucionales que fueron necesarios para el advenimiento del mercado como eje organizador, olvidando las estructuras institucionales que lo hacen posible, donde quizás la más importante sea el Estado moderno burgués. Así, lo económico se presenta escindido de lo político, cultural y social, aun cuando sea difícil negar su carácter de construcción política y social.


3. Identificación de la empresa moderna con la empresa capitalista. Esta asimilación se basa en la propiedad privada de los bienes de producción, por lo que la creación de bienes supone un posible lucro para los dueños del capital (Laville, 2003). Es decir, este formato empresarial se guía por el objetivo del lucro bajo una relación asalariada, con su concepto de lo productivo y la eficiencia.

Esta corriente dominante ha invisibilizado la diversidad de principios y formas económicas existentes –precisamente lo que nos interesa señalar en esta unidad–, a partir de consolidarse como una ortodoxia en la enseñanza de la disciplina y en el discurso económico hegemónico. En su raíz y exposición canonizada, este enfoque económico se basa en los principios conceptuales de la llamada revolución marginalista, de matriz neoclásica, surgida a finales del siglo XIX. En tanto explicación de lo económico, parte del axioma de la escasez, como ya señalamos, y de la racionalidad individual instrumental. Asimismo, toma en cuenta el comportamiento de los agentes individuales (consumidores/as y productores/as), quienes estarían motivados por la maximización de su interés individual (optimizando beneficios y minimizando costos), en un contexto de mercado competitivo ideal (competencia “perfecta”). Por lo tanto, según esta corriente, si se dejara actuar con libertad a la “mano invisible” del mercado, se obtendría un mayor bienestar individual y, consecuentemente, de la sociedad en su conjunto.

La perspectiva sustantiva de la economía, en cambio, nos permite desnaturalizar el mercado autorregulado, identificando que no hay un único modo de organizar la economía, sino que las formas de producción, distribución y consumo son plurales e híbridas en la práctica y en los diversos contextos sociohistóricos. Desde la perspectiva de la ESS, se refiere a lo económico buscando reconocer una diversidad de actores, instituciones y principios orientados a “la producción y reproducción de las bases materiales de una sociedad, de modo que garantice la reproducción de la vida con dignidad de todas y todos sus integrantes, intergeneracionalmente y en armonía con la naturaleza” (Coraggio, 2013: 2).

En este marco, siguiendo a Polanyi (1975), se identifican distintos principios de integración económica.

• La autarquía hace referencia a la administración doméstica: “la idea de que la casa se sostiene con lo propio, con sus propios recursos, con su propio trabajo” (Coraggio, 2010: 63). Con ella, se apunta a dar cuenta de la capacidad de cada comunidad para satisfacer lo necesario con los propios recursos.


• La reciprocidad se plantea a partir de la obra del antropólogo Marcel Mauss, El ensayo sobre los dones (1925), y se vincula a la noción de solidaridad. Se trata de la construcción de lazos sociales que implican relaciones de “don” y “contradón”; lo que se prioriza es el sostenimiento del vínculo (como en las experiencias de cooperativas, mutuales, redes de trueque, círculos de ahorro y crédito solidarios, bancos de horas, redes de ayuda mutua, etc.). El dar (don), que parece ser unilateral, en realidad obliga al que recibe a devolver (contradón). Al haber don, hay obligación, y si hay reciprocidad de parte de quien recibe, se teje un lazo social no necesariamente mediado por el dinero.


• La redistribución implica la apropiación y distribución colectiva del excedente dentro de una unidad económica determinada. En las sociedades modernas, el Estado cumpliría un rol fundamental en ese sentido, a través de transferencias monetarias, subsidios a la producción, servicios públicos gratuitos, medios de consumo básico, etc. Los sentidos de la redistribución definen a su vez el carácter de un Estado, sobre quién se apoya para lograr sus ingresos y en quién invierte o a quién subsidia, procurando –o no– la justicia social y la mayor o menor distribución social de la riqueza producida.


• En el intercambio aparece la institución mercado (en sentido amplio). Para que exista intercambio tiene que haber relación entre personas, aun cuando el sistema capitalista haya hegemonizado dicho accionar, invisibilizándolo. Esta cuestión se exacerba más todavía en el contexto actual de expansión de las nuevas tecnologías de información y comunicación, que mediatizan buena parte del proceso y el vínculo social que sustenta dichas prácticas de intercambio.

En definitiva, desde la definición formal de “lo económico” se identifica a la economía con su forma de mercado como si fuera universal, en tanto que para la economía sustantiva los procesos económicos varían de unas sociedades a otras, según las relaciones sociales de producción y los principios económicos predominantes en cada tipo de organización social. Más aún, bajo la hegemonía de las relaciones sociales capitalistas, es necesario reconocer y validar las formas plurales de hacer economía y las distintas racionalidades en el actuar económico, porque, si bien estas se encuentran subsumidas a la lógica del capital en tanto lógica dominante, no dejan de presentar una pluralidad de prácticas y lógicas económicas diversas de los actores y grupos sociales, tal como iremos desarrollando.

El académico francés Jean Louis Laville (2004) presenta la noción de economía plural, desde la cual critica la visión reduccionista de la acción económica implícita en el utilitarismo en economía. Para ello, sigue la distinción ya clásica formulada por Polanyi, antes señalada, entre el sentido formal de la economía convencional (medios escasos y fines múltiples), y el sentido sustancial de la economía en cualquier sociedad (economía en tanto interrelación humana y con la naturaleza como actividad de producción, distribución, circulación yconsumo de bienes con el objeto de satisfacer necesidades humanas). Al igual que Polanyi, Laville destaca que la visión formal de la economía lleva a tres reduccionismos: a) asimilar la esfera económica al mercado; b) obviar los contextos institucionales que la propia acción mercantil requiere, y c) identificar a la empresa lucrativa como la única forma de unidad económica generadora de bienes.

Laville (2004) señala la importancia de una perspectiva plural de la economía, que reconoce la coexistencia de una diversidad de principios de integración de la actividad económica, así como una pluralidad de formas organizativas.

Desde esta perspectiva, los procesos económicos dependen de cada cultura, de la forma concreta de resolver las interacciones sociales, las formas de trabajo y la organización que se da cada sociedad para afrontar sus necesidades. Esto es lo que explica la existencia de determinados valores, motivaciones y actuaciones prácticas (Comas d’Argemir, 1998) y, por lo tanto, la existencia de diferentes formas organizativas de lo económico. Para conceptualizar este escenario, Coraggio (2009a) introduce la idea de un sistema económico mixto o plural en tensión, integrado por tres subsistemas o sectores con sentidos diversos:

1. el sector de economía empresarial capitalista, orientado por la acumulación privada de capital;


2. el de la economía popular, orientado por la reproducción de la vida de los miembros de las unidades domésticas, grupos y comunidades particulares,


3. y el de economía pública, orientado por una combinación de objetivos – muchas veces en tensión–, tanto de bien común y garantía de derechos, como de acumulación política.

En una economía mixta o plural, según este autor, la cultura en general está colonizada por los valores civilizatorios que son funcionales a la acumulación ilimitada del capital. Tanto es así que, si bien la economía popular dentro de su unidad doméstica genera lazos de reciprocidad e intercambio, no necesariamente estos lazos se reflejan de la misma manera hacia la comunidad, ya que está introyectada por valores económicos hegemónicos tales como el individualismo o las relaciones de disputa competitiva. El desafío entonces es cómo dotar de solidaridad sus prácticas, apuntando a fortalecer lazos sociales virtuosos y eficaces entre las personas, las organizaciones socioeconómicas y sus comunidades, reconociendo al mismo tiempo el trabajo reproductivo en las unidades domésticas (y las inequidades de género e intergeneracionales que puedan tener asociadas), así como las necesidades de apoyo y vinculación de políticas públicas apropiadas.

La noción de economía plural (Laville, 2004) busca desnaturalizar la “utopía liberal” de una economía y sociedad autorreguladas por las leyes del mercado, que bajo la hegemonía de la acumulación capitalista a lo largo de la historia y en la actualidad, ha puesto en jaque al propio sustento de las condiciones de vida humana y de la naturaleza. Desnaturalizarla implica, entre otras cuestiones, reconocer que no hay un único modo de organizar la economía sino que, como veremos luego, la economía plural rescata las diversas formas de organización socioeconómica y los distintos principios de relaciones de distribución presentes también en nuestras sociedades. Una de esas for mas contrahegemónicas es, justamente, la ESS, por lo cual es conveniente ir comenzando a indagar sobre las definiciones que la caracterizan.

La multiplicidad de iniciativas socioeconómicas que constituyen la ESS coexiste con distintas formas de designar y entender este proceso. Existe una diversidad de terminologías –tales como economía popular, economía social o economía solidaria– que dan cuenta de un campo dinámico de significaciones y acciones sociales en pleno desarrollo, expansión y cambio. En este sentido, como ya mencionamos, Pastore (2010) propone considerar a la ESS como un campo en construcción, conformado por tres dimensiones de análisis interrelacionadas: a) una dimensión de trayectorias empíricas, b) una dimensión político-organizativa; y c) una dimensión simbólica. Veamos algunas consideraciones sobre las mismas a continuación.

1. La dimensión de trayectorias empíricas, es decir, de experiencias diversas realmente existentes, da cuenta de una forma diferente de hacer economía, que une finalidad social de reproducción de la vida con dinámicas organizacionales de gestión asociativa y democrática. Como señalamos al comienzo, la denominación ESS busca integrar en un espacio compartido tanto las experiencias de la economía social histórica (particularmente la rica tradición del cooperativismo y el mutualismo) como las iniciativas de la nueva economía social, también llamada economía solidaria. En este último caso se hace referencia a diversas iniciativas emergentes, como las distintas formas de empresas o cooperativas sociales, las empresas recuperadas por sus trabajadores/as, las redes asociativas de emprendimientos de la economía popular, la agricultura familiar en el marco de estrategias asociativas, los mercados solidarios y ferias de ESS, las redesde comercio justo, las experiencias de monedas sociales, los programas de microcrédito y finanzas solidarias, las iniciativas asociativas de hábitat, entre otras. Analizaremos estas experiencias a partir de algunos ejemplos en el apartado 3.4.


2. La dimensión político-organizativa alude a la existencia de proyectos de sociedad en disputa, y plantea una tensión estructural entre la adaptación a lógicas hegemónicas de funcionamiento económico y social y la potencial capacidad de transformación social con vistas a democratizar la economía y profundizar la solidaridad sistémica. Hace referencia a la disputa con las formas hegemónicas de poder económico y político, así como a diversos proyectos de sociedad que se presentan en un determinado momento.

En términos de Pastore (2006), la economía social reconoce una diversidad de fuentes ideológicas que desde sus orígenes se rebelan contra la posibilidad y efectos de una sociedad de mercado autorregulado, proyectando distintas alternativas de desarrollo sociopolítico y económico asentadas en la autogestión y la democratización económica. También Coraggio (2014) realiza un planteo más político de la ESS como proceso de transformación social y lucha contrahegemónica, en el camino de construcción sistémica de “otra economía”. Así la ESS pasa de ser vista como experiencias de sobrevivencia de los sectores populares, a constituir un punto de partida de una alternativa sistémica cuya viabilidad requiere también la construcción de otra política y otro Estado, otros sujetos; movimientos sociales con programas de transformación y no solo reivindicatorios de demandas particulares. En definitiva, estos aportes muestran la tensión que atraviesa a la ESS, en tanto amalgama dos cuestiones en su propia matriz constitutiva, esto es: los objetivos explícitos desde sus orígenes de transformación social contrahegemónica versus las dinámicas de adaptación a las lógicas dominantes del mercado. Este debate político ha estado presente en el desenvolvimiento de la economía social más histórica, y se ha reactualizado en las últimas décadas desde las nuevas prácticas y enfoques de la economía solidaria, posibilitando diversos posicionamientos políticos y prácticos al interior de dicho campo.

3. La dimensión simbólica implica formas de significar y conceptualizar las prácticas humanas en la interacción económica, que centra su atención en las condiciones de reproducción de la vida y en las relaciones sociales de las personas entre sí y con su hábitat. Implica también centrar la reflexión en torno a la definición y representación simbólica que va a dar significaciones e identidad compartida a este conjunto heterogéneo de trayectorias empíricas. De allí que los debates conceptuales sobre las definiciones del campo de la ESS resulten claves. En sus últimos textos Pastore (2014) considera que esta dimensión simbólica de la ESS es más amplia que el debate conceptual, en la medida que incluye también la construcción de sentidos y significaciones en los planos culturales, educativos y comunicacionales.

En este punto presentamos tres perspectivas europeas, para lo cual mencionamos los principales aportes y debates teóricos presentes en las y los autores referentes del campo:

1. En primer lugar, exponemos el enfoque jurídico-institucional que reconoce a la Economía Social según la estructura formal de las organizaciones.


2. En segundo lugar, introducimos el análisis de las empresas y cooperativas sociales como experiencias que surgen en las áreas de integración sociolaboral y provisión de nuevos servicios colectivos y/o asistenciales, la importancia de sus vínculos con la economía civil y de comunión.


3. Por último, analizamos la perspectiva europea de la economía de solidaridad que contempla una visión más amplia de la economía y de la esfera política.

El enfoque jurídico-institucional y la consolidación del sector en Europa

La perspectiva institucional identifica a la economía social (ES) como un tercer sector de la economía, en el sentido de que las actividades se desarrollan diferenciadamente de la economía pública y la economía privada lucrativa. Incluye a todas las entidades que no persiguen el lucro sino la satisfacción de necesidades de sus miembros, están orientadas al bienestar, con participación de la sociedad civil y no están controladas por socios/as capitalistas o inversores/as.

Según la perspectiva institucional, los valores de la ES se materializan a partir de la forma jurídica (estructura formal) de las entidades. De acuerdo con Rafael Chávez y José Luis Monzón, principales exponentes de esta perspectiva, el sector está integrado por las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, pero también por las fundaciones, organizaciones religiosas, partidos políticos, sindicatos y otras entidades no lucrativas que conforman el llamado tercer sector.

Dentro de los principales aportes de esta perspectiva, encontramos, en primer lugar, el agrupamiento en un ámbito común de diversas entidades que en su accionar y valores se diferencian de la lógica privada lucrativa, pero también de la estatal. Es decir, son entidades que “en su funcionamiento contestan y cuestionan la lógica del desarrollo capitalista” (Monzón, 1987: 22). En este marco, España presenta casos significativos en los cuales se ha avanzado en la consolidación de la ES como sector económico y político diferenciado. Como ejemplo, cabe destacar el caso de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social, que nuclea 29 confederaciones de la ES a nivel nacional y representa aproximadamente el 10 % del PIB español. Así también, a nivel regional, en Europa se puede mencionar la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones (CEP-CMAF)N, instituida formalmente en 1998.

Estas entidades, así como el CIRIEC (Centro Internacional de Información e Investigación sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa), debaten sobre la ES, presentan informes sobre su rol en el plano socioeconómico y ponen en la agenda pública sus requerimientos y demandas.

Como segundo punto, esta definición, basada en la constitución formal de la entidad, permite la operacionalización del sector de la ES en indicadores. Así, es posible cuantificar la magnitud del sector en términos de contribución a la generación de valor, empleo y otros efectos positivos sobre la integración social, pudiendo de esta forma interpelar la agenda de políticas públicas para el sector. Al respecto, y sobre la base de los trabajos de los autores de la ES institucional, Europa ha desarrollado el Sistema Europeo de Cuentas Satélites de la Economía Social, en el cual se refleja el valor agregado y la importancia económica de las entidades que la conforman.

Sin embargo, cabe mencionar que algunos autores advierten los límites de definir a la ES por su constitución formal. Laville (2003) plantea que las condiciones normativas de igualdad jurídica de los miembros de una cooperativa no garantizan de por sí procesos efectivos de democracia participativa. Otros autores también dan cuenta de estas tensiones (Singer, 2004; Defourny y Develtere, 2001), introduciendo el concepto de coopitalismo, como proceso de subsunción a las lógicas de funcionamiento mercantil capitalista de algunas trayectorias enmarcadas formalmente en la ES.

Las empresas y cooperativas sociales y sus vínculos con la economía civil y de comunión

Las empresas sociales o cooperativas sociales se expandieron en distintos países europeos desde fines del siglo XX ante la crisis de la sociedad salarial y las problemáticas del Estado social para atender nuevas necesidades emergentes, específicamente en las áreas de integración sociolaboral y provisión de nuevos servicios colectivos y/o asistenciales. Dicha renovación del sector social de la economía ha recibido distintas denominaciones en cada contexto nacional europeo, tales como empresas de inserción social, empresas comunitarias, cooperativas de solidaridad social, empresas de interés colectivo, entre otras.

En este contexto, Italia ha sido un caso pionero en estas trayectorias, pues ya desde la década de 1970 comenzaron las primeras experiencias de empresas sociales vinculadas a las estrategias de salud mental comunitaria. Las empresas sociales, luego de un significativo desarrollo y ampliación de los sectores sociales de actuación durante la década siguiente, tuvieron un primer reconocimiento legislativo en la ley de cooperativas sociales de 1991.

Algunos autores como Rotelli (1998) sostienen que a fines de la década de 1980 se comenzó a hablar de “empresas sociales” como forma de designar a las estrategias socioeconómicas que surgieron desde los años 70. Estas nacieron para hacer frente a las graves consecuencias de la creciente “desafiliación social” (Castel, 2009) provocada, como ya hemos señalado, por el cambio de paradigma socioproductivo e institucional que tuvo efectos sobre crecientes capas de la población en términos de vulnerabilidad social, precariedad laboral y de la vida.

De manera concisa, puede entenderse a las empresas sociales como entidades asociativas que realizan una actividad económica regular (desarrollo de bienes o servicios que satisfacen necesidades humanas) y están orientadas por una finalidad social de beneficio para la comunidad, básicamente por dos vías: 1) proveen y facilitan el acceso de bienes públicos vinculados a necesidades emergentes; o 2) impulsan la inclusión social de colectivos en situación de vulnerabilidad o exclusión social.

La empresa social, entonces, constituye una organización socioeconómica asociativa con finalidad de utilidad social de provisión de bienes y servicios. Para alcanzar dicho fin, acude a una estrategia de hibridación de recursos (Laville, 2003), es decir, la combinación de recursos diversos que provienen del mercado, de la redistribución estatal y/o de la reciprocidad. De allí que también resulte central para dicha estrategia de hibridación su asiento territorial y la red de vinculaciones que logre desarrollar con un amplio conjunto de actores interesados. Dicho concepto de hibridación de recursos que aporta Laville (2003) se extiende como una estrategia válida utilizada por el campo más amplio de la ESS e incluso de la EP.

La corriente europea de la economía solidaria

La ES en Europa presenta una perspectiva más amplia que la del tercer sector. Laville se refiere a ella no como un sector supletorio cuando los sectores centrales –Estado y mercado– encuentran algunos límites, sino “como el conjunto de las actividades que contribuyen a la democratización de la economía, a partir de compromisos ciudadanos, sabiendo que algunas de esas actividades, como el comercio equitativo, tienen una dimensión internacional” (2005: 9). Tal movimiento multiforme de ES no tiene por objeto sustituir la acción estatal; por el contrario, propone formas de regulación política que buscan, en articulación con las regulaciones públicas, una reinserción de la economía en un proyecto de integración social y cultural.

Así, uno de los elementos más interesantes que aporta la visión europea de la ES es que no se define como un conjunto de meras actividades económicas con propósito social, sino que se basa en un concepto ampliado de la economía y de la esfera política. Para Laville, la economía solidaria y sus prácticas suponen una forma de democratización de la economía a partir de compromisos ciudadanos. Esta perspectiva define las iniciativas que ocurren en su seno desde una doble dimensión: socioeconómica y sociopolítica. Desde la dimensión socioeconómica, el enfoque de la economía solidaria se sustenta sobre la idea de que la economía no se reduce únicamente al mercado, sino que debe incluir los principios de redistribución y reciprocidad inspirados en los tres pilares de la economía de Polanyi (1975) que ya desarrollamos en el apartado 3.2.1 (mercado, redistribución y reciprocidad). Desde la dimensión sociopolítica, estas experiencias suponen un avance hacia la democratización de la sociedad porque proporcionan visibilidad, dan voz y traen a la esfera de lo público iniciativas generadas desde la sociedad civil que, en el marco de la ortodoxia capitalista, quedarían en el espacio de lo privado (Pastore, Iglesias y Aguirre, 2015).

Desde América Latina se han desarrollado diversas perspectivas sobre la ESS, teniendo en cuenta las particularidades de nuestra región, cuyas principales referencias desarrollamos a continuación.

Economía del trabajo y economía para la vida

Las perspectivas de la economía del trabajo y la economía para la vida, si bien realizan aportes diferenciados, tienen en común el valor de impulsar sentidos alternativos de la construcción económica de la sociedad, basadas en el criterio central de la reproducción ampliada de la vida humana y el buen vivir.

Como hemos visto, la definición sustantiva de la economía, con el objeto de garantizar la reproducción de la vida, es reivindicada por reconocidas voces de la ESS y de las corrientes económicas feministas. En tal sentido, en tanto que Coraggio (2004a y otros trabajos) va a plantear la noción de reproducción ampliada de la vida, las economistas feministas van a referirse al concepto de sostenibilidad de la vida (REAS, 2014).

La economía del trabajo, desarrollada por Coraggio, implica un contrapunto con la economía del capital:

Desde esta perspectiva, la unidad doméstica (UD) se presenta como célula de la economía del trabajo, ya que tiene como objetivo la reproducción de la vida de sus miembros, pudiendo variar en su estructura y extensión, según la cultura de cada sociedad. Por lo tanto, la UD puede analizarse desde dos dimensiones: 1) por un lado, este agrupamiento interactúa en forma cotidiana, regular y permanente, incorpora diversos tipos de ingreso para proveerse y asegurar un cierto nivel de vida, comparte los recursos, y toma decisiones de consumo de forma conjunta; 2) por otro, dicho grupo puede estar ligado biológicamente a través de la existencia de lazos familiares o por diversos tipos de afinidad (étnica, ideológica, etc.), participar en redes de reciprocidad y de distribución social. Por otra parte, la UD depende principalmente de la utilización de su fondo de trabajo para lograr su reproducción biológica y cultural, que se alimenta por dos vías principales: a) trabajo de reproducción no mercantil y b) trabajo mercantil (Coraggio, 2004b).

Esta economía del trabajo se basa en la generación de prácticas contrahegemónicas, a favor de los y las trabajadoras, y de sus relaciones en armonía con la naturaleza. Para que estas prácticas se consoliden en clave de una transformación del sistema económico actual –con su lógica imperante de acumulación de capital y explotación– es necesario promover la solidaridad y organización entre los/as trabajadores/as, vincularlos/as en tejidos territoriales que a su vez dialoguen con el pequeño y mediano capital, y promover estrategias de desarrollo comunitario. De esta forma, “la economía popular realmente existente puede dar lugar a un sistema de Economía del Trabajo, capaz de representar y dar fuerza efectiva a los proyectos de calidad de vida en una sociedad más igualitaria, más justa y autodeterminada” (Coraggio, 2004a: 162).

En cuanto a la categoría de economía para la vida, constituye uno de los planteos realizados frente a las miradas más tradicionales de la racionalidad medio-fin y su concepción utilitarista, formulando la propuesta conceptual de la reproducción ampliada de la vida, desarrollada por el economista alemán Franz Hinkelammert y su colega costarricense Henry Mora Jiménez.

La racionalidad que se plantea, en oposición a la instrumental, se define como racionalidad reproductiva. Esta hace referencia a una racionalidad que no está pensando en los medios necesarios para llegar a un fin puntual, sino que se pregona que ese fin, y por ende los medios que lo motorizan, deben velar por la reproducción de la vida en sentido ampliado. Así, plantea que “la racionalidad que responde a la irracionalidad de lo racionalizado solo puede ser la racionalidad de la vida de todos, incluida la naturaleza; porque solo hay lugar para la vida humana si existe una naturaleza que la haga posible. Y esta racionalidad de la vida solo se puede fundar en la solidaridad entre todos los seres humanos” (Hinkelammert y Mora Jiménez, 2009: 44).

La perspectiva de la Economía de Solidaridad

La perspectiva de la economía solidaria o de solidaridad proviene de los trabajos realizados por el economista chileno Luis Razeto (1999 y 2006, entre otros). Refiere a una orientación fuertemente crítica y transformadora del sistema económico vigente, que aporta al entendimiento del trabajo y la cooperación como fuerzas productivas (a lo que llamará “Factor C”), a partir de las cuales debe organizarse el funcionamiento de las unidades de la economía solidaria y sus vínculos con otras unidades análogas.

Este autor plantea la necesidad de profundizar la incorporación de la solidaridad en la economía, tanto en las prácticas e instituciones como en la teoría económica. Por ello, desarrolla un marco conceptual complejo e innovador sobre la cuestión, haciendo hincapié no solo en los efectos positivos sobre la vinculación social que ello genera, sino también en la potencialidad de efectos económicos positivos que puede deparar. De allí que señale que:

El concepto de Factor C se refiere a la fuerza de la solidaridad o cooperación convertida en fuerza productiva; es decir, la unión de conciencias, voluntades y sentimientos detrás de un objetivo compartido por un grupo de personas. De allí surge una potente energía social, llamada Factor C, que puede interactuar activamente con los demás factores productivos y tiene la capacidad de aumentar la eficiencia conjunta de la organización en combinación con dichos factores: el trabajo, la tecnología, los medios materiales, la gestión y el financiamiento.

La energía social del Factor C interactúa con:

• el trabajo, que, como trabajo en comunidad, implica cooperación, coordinación en equipo, lo que incrementa la productividad y eficacia laboral;


• la tecnología, entendida como tecnologías sociales y sustentables, potencia así la creatividad grupal y el acceso a la información de todos los integrantes;


• los medios materiales, en tanto propiedad cooperativa o asociativa que tiende a la preservación de las condiciones de la naturaleza;


• la gestión, concebida como autogestión o gestión participativa, que propicie el clima laboral, involucramiento y bienestar de los participantes;


• y el financiamiento, pensado como credibilidad y transparencia que facilita el aporte de los socios, las donaciones o el ahorro asociativo.

Para Razeto los factores productivos tienen directamente que ver con acciones realizadas por los seres humanos, de esta manera el financiamiento es pensado como un creer, los medios materiales como un poseer y un usar, la tecnología como un saber, la gestión como un poder, el trabajo como un hacer y el Factor C como un cooperar e integrar (Razeto, 1997). En esta descripción aparece una humanización de los factores económicos, los que son adjudicados al accionar directo del ser humano y no al mercado, como entidad desprovista de la intencionalidad de sus actos.

Nos interesa aquí puntualizar algunas aproximaciones conceptuales y definiciones de categorías que resultan centrales para el campo de la ESS, y en particular su vinculación con la temática de nuestra carpeta, el mundo del trabajo y la producción.

En primer lugar, resulta significativo indagar sobre el concepto de solidaridad. Pastore (2006) señala que la solidaridad sirvió como una alternativa societal ante diferentes etapas de crisis y describe, basándose en Laville (2004), distintas formas de solidaridad que fueron emergiendo en determinados momentos históricos. Por un lado, la solidaridad filantrópica o de benevolencia basada en el “interés por otros”, que se materializa en donaciones a quienes serán asistidos, lo cual da lugar a una relación de asimetría entre ambos; se podría mencionar como ejemplo a la “sociedad de beneficencia” o entidades vinculadas a la iglesia, existentes hacia principios del siglo XX. Este tipo de solidaridad tiende a responder a lo urgente sin enfocar en las causas, buscando preservar la paz social a través de dádivas altruistas o voluntarias. En segundo lugar, se identifica la solidaridad entre pares, que refiere a formas asociadas de ayuda mutua, como fue la vasta experiencia del mutualismo de principio de siglo XX en Argentina, asociada principalmente a trabajadoresinmigrantes europeos con experiencias históricas ligadas al anarquismo o el socialismo. La tercera forma de solidaridad se describe como aquella vinculada a la acción pública Estatal, característica predominante del Estado benefactor, particularmente entre los años 40 y 70 del pasado siglo, la cual busca paliar los efectos nocivos de la sociedad industrial capitalista, a través de la intervención estatal.

Por su parte, en relación estrecha con el campo de la ESS, Gonzalo Vázquez (2011) define a la solidaridad como una modalidad específica del vínculo social y político que se pone en práctica en el acto asociativo. Esta idea nos permite pensar otra forma de solidaridad con fuerza democratizante, basada en la acción colectiva que construye organización e igualdad de derechos.

También, como vimos, la solidaridad tiene un lugar central al interior del propio proceso productivo y de trabajo en el enfoque de Razeto, quien la considera como un factor productivo en sí mismo, a partir de lo que llama “Factor C” (cooperación, comunidad, comunión, colectividad). Consiste, entonces, en la unión de personas que pone en juego saberes, voluntades y relaciones, en torno a objetivos en común, lo que permite aumentar la eficiencia y productividad de los emprendimientos asociativos.

En segundo lugar, nos interesa reflexionar sobre los conceptos de trabajo asociativo y autogestión. Al primero, Vázquez (2011), basado en Lia Tiriba (2009), lo define como el proceso en el que los trabajadores se asocian en la producción de bienes y servicios. A este concepto se incorpora la noción de “fuerza social colectiva”, es decir, la unión de muchas fuerzas en una fuerza social común, que permite un producto cualitativamente diferente al obtenido por todas esas mismas fuerzas por separado (Vázquez, 2011). A su vez, dichos conceptos tienen como antecedentes el concepto de cooperación social de Marx, que ya vimos en la Unidad 1, ya se trate de cooperación simple o basada en la división del trabajo. Este concepto da cuenta de la potencia de la fuerza social colectiva, en aspectos tanto materiales (ahorro de materias primas, eficiencia en el uso de infraestructura, herramientas o maquinarias compartidas, organización del trabajo y disminución de los costos de transacción, etc.) como de los intangibles positivos que implica la cooperación (intercambio de saberes, aprendizajes compartidos, control colectivo del trabajo, entre otros).

Ahora bien, se trata de trabajo asociativo cuando el marco de relaciones en que se desarrolla la cooperación se da a partir de la dirección, control y autoridad de las y los trabajadores asociados. Por el contrario, se trata de trabajo asalariado o de otro tipo de trabajo no asociativo cuando dicha dirección y control lo ejerce el capitalista o patrón, como hemos analizamos en la Unidad 1.

Por otra parte, en relación con concepto de autogestión, Paulo Albuquerque (2004), en el libro La otra economía, la describe como el conjunto de prácticas que se caracterizan por la naturaleza democrática de la toma de decisiones, que favorece la autonomía de un colectivo. Es un ejercicio de poder compartido que busca intencionalmente relaciones sociales más horizontales.

Así, el trabajo autogestionado refiere a la autogestión en la práctica laboral y productiva, donde las y los trabajadores producen bienes y servicios a partir de su propia dirección colectiva y democrática, siendo ellas y ellos mismos propietarios de los medios de producción y responsables de sus propias decisiones.

Vázquez (2011), debido a la similitud entre los conceptos de trabajo asociativo y trabajo autogestionado, propone unirlos en el concepto “trabajo asociativo y autogestionado”, al que define como:

En esta línea, entonces, el autor cita al especialista brasilero en economía solidaria Luiz Inácio Gaiger, y describe una serie de efectos positivos del trabajo asociativo y autogestionado:

• La cooperación en el trabajo multiplica la capacidad individual de cada trabajador.


• Las decisiones colectivas conducen a resultados más eficientes.


• Compartir conocimientos e información estimula la innovación y reduce los costos de transacción.


• La confianza y el sentido de pertenencia a un proyecto común estimula y motiva adicionalmente a sus integrantes (Gaiger, 2008 en Vázquez, 2011).

Así, la autogestión, la asociatividad y la solidaridad ponen en funcionamiento tres cuestiones que se refuerzan y complementan, dando lugar a un círculo virtuoso de reproducción social. La autogestión obstaculiza las prácticas autoritarias, favorece el compromiso, los vínculos, la confianza mutua y la reciprocidad. Otorga eficiencia en la producción y optimiza el proceso productivo. La asociatividad desnaturaliza la organización del proceso productivo, promueve la creatividad de nuevas maneras de hacer las cosas e incentiva la participación, lo cual da un mayor compromiso con la gestión del emprendimiento (Vázquez, 2011). Por lo tanto, en la gestión y el trabajo compartidos de las y los trabajadores de los emprendimientos productivos existe un sentimiento de responsabilidad por los resultados alcanzados, así como por los ingresos y la sobrevivencia de todos. Los intereses individuales van dejando lugar, no sin tensiones y contradicciones, a comportamientos solidarios. Este tipo de trabajo fortalece los vínculos entre sus integrantes.

Otra apreciación de Vázquez (2011) es que, a mayor grado de solidaridad interna, existe un mayor compromiso con las necesidades locales y los problemas sociales en general, ya que la experiencia de solidaridad estimula iniciativas a favor de la comunidad y, por tanto, proyecta esa identidad hacia el resto de ella. En este punto, diversos autores han señalado la relación estrecha que existe y puede potenciarse entre experiencias de la ESS y el desarrollo local o territorial, dado el arraigo local de dichas experiencias, su compromiso con la comunidad y con otras organizaciones, lo que crea entramados socioorganizacionales, y también con el cuidado del ambiente, lo cual lleva a pensar la ESS como una estrategia posible para el desarrollo local/territorial (Coraggio, 2002; Pastore y Altschuler, 2015; Altschuler, 2008 y 2013).

Por su parte, Albuquerque (2004) aporta elementos para pensar las ventajas del trabajo autogestionado, señalando que un ambiente más democrático de trabajo favorece la productividad. En este ambiente es más fácil aprovechar y conservar las experiencias y conocimientos acumulados. La presión del grupogenera un proceso de vigilancia mutua que reduce el ausentismo, castiga la pereza y aumenta la organización. Un ambiente participativo facilita la comunicación, la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones.

Esta idea se complementa con el aporte de Paul Singer (2007), en el libro organizado por J. L. Coraggio, La economía social desde la periferia, caracteriza la “autogestión democrática” como aquella que tiene capacidad para formular, debatir y decidir participativamente propuestas alternativas ante cada problemática.

Por último, es interesante aludir a los saberes del trabajo asociativo y autogestionado, pensando en la construcción de una nueva cultura del trabajo (Garo, 2013). Al respecto, Fischer y Tiriba (2009) en el Diccionario de la otra economía, definen a los saberes del trabajo asociativo como: “Conjunto de habilidades, informaciones y conocimientos (incluyen aspectos materiales, intelectuales y subjetivos) originados en la propia actividad de trabajo y acumulados en la experiencia histórica de los trabajadores” (Fischer y Tiriba, 2009: 325).

A su vez, estos autores vinculan el concepto de “saberes del trabajo” con el de “praxis”, aludiendo con este último al saber popular o de la experiencia. Así, el trabajo es tomado también como “principio educativo”, lo cual resulta muy interesante para pensar la relación estrecha existente entre educación y trabajo. Lia Tiriba, especialista brasileña en economía solidaria y educación de jóvenes y adultos resalta el “potencial pedagógico” de este tipo de prácticas autogestivas y asociativas. Para la autora, una “nueva cultura del trabajo” tendrá que ver con el:

El movimiento mutualista se expandió en Argentina entre la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, motorizado fundamentalmente por iniciativas y experiencias previas que traían consigo los inmigrantes europeos. Así, las llamadas asociaciones de ayuda mutua apoyadas en colectividades nacionales constituyeron las más significativas en cantidad de entidades y socios (Pastore, Iglesias y Aguirre, 2015). Dichas entidades típicas de solidaridad de pares desarrollaron distintos servicios para sus socios en materia de seguridad social, cobertura de riesgos, sanidad, actividades culturales y educativas –como, por ejemplo, bibliotecas o jardines maternales–, y contribuyeron a la vez al afianzamiento de los lazos identitarios de los inmigrantes, en un contexto de inexistencia de cobertura social estatal o de otro tipo que fuera adecuada a la gran ola inmigratoria que recibía nuestro país por entonces.

En esa trayectoria puede distinguirse una mayoría de asociaciones mutuales organizadas según afinidad de origen (italianos, españoles, franceses, etc.), pero también se pueden mencionar otros tres tipos diferentes de agrupaciones. Uno de ellos lo constituyen las asociaciones estructuradas por oficios (calzado, tipografía, etc.), más allá de que en determinados oficios predominaban también ciertas nacionalidades –por ejemplo, los italianos en el caso del calzado. En segundo lugar, hacia fines del siglo XIX surgieron también las mutuales vinculadas a los trabajadores asalariados de grandes empresas, conformadas a partir de un aporte mensual deducido de su sueldo –por ejemplo, las mutuales de empleados de empresas de ferrocarril o de tranvías, que contaban con decenas de miles de afiliados cada una. Finalmente, el tercer tipo se refiere a las asociaciones denominadas “cosmopolitas”, que brindaban distintas clases de servicios sociales de ayuda mutua, sin requerimiento de oficio u origen, y fueron particularmente importantes en la ciudad de Buenos Aires (Acosta, 2007).

Por otra parte, durante la segunda mitad del siglo XX se dio una transformación profunda del sector mutualista, que perdió peso relativo de la mano de transformaciones sociodemográficas –menor peso relativo de la inmigración–, socioeconómicas –crecimiento del trabajo asalariado industrial y de servicios–, de las formas asociativas de los trabajadores –crecimiento del poder organizativo y de la acción colectiva sindical, y de las obras sociales vinculadas–, así como del rol creciente del Estado en materia de cobertura y prestaciones sociales. En el marco de esta reconfiguración, hacia principios de la década de 1970 existían poco más de 2.000 entidades mutuales reonocidas, que asociaban a 1 o 2 millones de personas. Desde entonces se observa un crecimiento importante de las entidades y los asociados, sobre todo en la década de 1990, mientras que posteriormente, a comienzos del presente siglo, se visualiza cierto estancamiento en el número de entidades y socios como se puede ver en la Tabla 3.1.

Según Acosta (2007), casi el 70 % de las poco más de 4.000 entidades existentes en 2007 habían sido creadas en las últimas décadas del siglo anterior. Asimismo, casi la mitad estaban dedicadas a ofrecer crédito y ayuda económica, mientras que otras dos áreas de importancia eran las de salud (30 %) y educación (10 % de las entidades).

En cuanto a la estructura organizativa del movimiento mutualista, puede decirse que son relativamente pocas las mutuales adheridas a alguna Federación nacional –se calcula que menos de un tercio del total de entidades–. Existen tres grandes agrupamientos institucionales que se encuentran actualmente en una etapa de confluencia organizativa:

1. la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM), fundada en 1953 e integrada por 28 federaciones territoriales de servicios, de trabajadores mutualizados y de colectividades adheridas a su estructura institucional;


2. la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina (CONAM), creada en 1992 e integrada por seis federaciones; y


3. el Mutualismo Argentino Confederado (MAC), que data de 1996 y agrupa a 10 federaciones territoriales representativas del movimiento mutual argentino a nivel federal, constituidas conforme a la legislación vigente y a las federaciones sectoriales o de servicios que se incorporan como asociadas.

Las cooperativas, por definición, impulsan la acción conjunta de personas con necesidades económicas y sociales comunes, y son orientadas al bien colectivo, antes que a intereses individuales, sobre la base de valores de autoayuda, autorresponsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad.

Desde el siglo XIX, el cooperativismo se ha expandido por el mundo, prácticamente en todas las ramas de actividad. Actualmente existen cooperativas agrícolas, de seguros, de ahorro y crédito, de distribución, de trabajadores, de vivienda, de salud y de consumo. Como movimiento, el cooperativismo se encuentra institucionalizado en la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), fundada en 1895 bajo los principios de las cooperativas de consumo creadas por la Sociedad Equitativa de los Pioneros de Rochedales en 1844 (Figura 3.3).

Las mutuales y las cooperativas han logrado converger en poderosas organizaciones, tanto en distintos contextos nacionales como en el ámbito internacional. En el caso de las asociaciones mutuales, se agrupan en el seno de la Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM), mientras que las distintas confederaciones nacionales de cooperativas se agrupan en la Alianza Cooperativa Internacional (ACI).

Uno de los aspectos de la economía social basada en cooperativas que se destaca es el grado de desarrollo y avance en ciertos tipos de actividades productivas y de servicios –por ejemplo, en los casos del sector agropecuario y también de servicios públicos locales–, que implica un peso considerable en la participación económica sectorial, particularmente en ciertas regiones, así como en la consolidación de estructuras organizativas y de mercado de significativa magnitud. De allí que los mayores agrupamientos a nivel de confederaciones de cooperativas en Argentina estén nucleados históricamente en la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) y la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), aunque también con una presencia crecientemente relevante, en los últimos años, de la confederación que agrupa a distintas federaciones de cooperativas de trabajo, como es la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT).

En cuanto a la evolución del cooperativismo en nuestro país, en el texto bibliográfico obligatorio de esta unidad (Pastore, 2014) se señala la notable expansión de las cooperativas y mutuales en las últimas décadas. Se indica allí que para el 2008, según el INAES, se contabilizaban unas 17 mil entidades de ambos tipos, de las cuales el 75% eran cooperativas. Por su parte, la especialista en economía social y cooperativismo Mirta Vuotto (2014) realiza una comparación cuantitativa de las cooperativas registradas por tipo de actividad para los años 2001 y 2014 (Tabla 3.2) . 

Como señala Vuotto (2014) y puede observarse en la Tabla 3.2 existe una reconfiguración interna del sector cooperativo, con una marcada disminución cuantitativa y del peso relativo, particularmente en el caso de las cooperativas agrícolas, de consumo o vivienda, con relación a un aumento significativo de las cooperativas de trabajo. Las características específicas de dicha evolución se pueden seguir en el texto obligatorio de Pastore (2014) y en el siguiente texto recomendado.

Respecto de esta trayectoria a la que llamamos economía tradicional o histórica, podemos resaltar la vigencia de este tipo de experiencias en la actualidad, ya que es producto de la expansión de entidades cooperativas y mutuales en las últimas décadas democráticas.

El mayor dinamismo puede observarse en el cooperativismo de servicios públicos: electricidad, telefonía, Internet, agua potable y cloacas, gas envasado y por red, etc., siendo importantes también las iniciativas y redes de cooperativismo en comunicaciones y tecnologías de información y comunicación (TIC), tales como televisión por cable, radiofonía, periódicos, revistas, telecomunicaciones, imprentas, desarrollo de software libre o productoras de contenidos audiovisuales.

Mención especial requiere el dinamismo de los últimos años del cooperativismo de trabajo. Al respecto, sobresale el significativo crecimiento de este tipo de cooperativas registradas desde 2001, que pasan a representar más de tres cuartas partes del total. Este incremento específico viene motorizado por tres grandes vías (Vuotto, 2014) (Tabla 3.3):

• Las cooperativas impulsadas por grupos autogestionados, que responden, según los casos, tanto a necesidades de inserción laboral como a opciones de autonomía autogestiva del trabajo.


• Las vinculadas a los procesos de recuperación de empresas.


• Las inducidas por el Estado con distintos programas públicos de inclusión social con trabajo.

Por otra parte, un informe de Actualización Nacional de Datos de Cooperativas y Mutuales elaborado por el INAES en el año 2018 y realizado a partir del sistema “Trámites a Distancia” arroja que 8.618 cooperativas y 3.039 mutuales lograron realizar la actualización nacional de datos, lo cual representa 31,8 % de las cooperativas y 60,6 % de las mutuales.

Un fenómeno de relevancia con relación al trabajo autogestivo emerge con fuerza en el período previo a la crisis del año 2001, plasmado en la recuperación de empresas abandonadas por sus dueños y/o en procesos de quiebra, que son nuevamente puestas en funcionamiento por sus trabajadores/as.

A partir de los aportes específicos del tema realizados por Andrés Ruggeri (2018), podemos considerar a las empresas recuperadas como unidades económicas que tienen un proceso previo, en el que funcionaron como una típica empresa capitalista, y que, luego de un proceso de quiebra, vaciamiento e inviabilidad económica, son tomadas o recuperadas por sus trabajadores. Estos deciden poner a su organización en marcha, en la mayoría de los casos con el objetivo primordial de sostener los puestos de trabajo.

Las empresas recuperadas, luego de un periodo de lucha y reorganización, por lo general se constituyeron formalmente como cooperativas de trabajo. Si bien el proceso es previo a la crisis de 2001, sin duda fue durante los primeros años del siglo XXI que se registró el mayor apogeo de crisis y ocupaciones de empresas por parte de sus trabajadores. La escala y las características del fenómeno han sido de tal magnitud que concitaron la atención intelectual y política de estudiosos e intelectuales de muchos países.

Como señala Ruggeri (2014), si bien el proceso de recuperación de empresas tendió a desacelerarse en los últimos años, no por ello ha desaparecido –aunque se beneficie de una menor trascendencia en la agenda mediática– y existen casos muy significativos, en particular los de recuperación de cadenas de restaurantes en los últimos años. En términos cuantitativos, según un informe presentado en octubre de 2010 por el Programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en el territorio nacional existían en este mismo año 280 empresas recuperadas que involucraban a más de 11.000 trabajadores (Ruggeri, 2010). Por otra parte, según aporta el mismo autor de acuerdo con relevamientos específicos, se habría producido unanueva aceleración en este proceso entre 2010 y 2013, ya que se recuperaron otras 63 empresas en este periodo en todo el país.

Ejemplos de empresas recuperadas por sus trabajadores

El Hotel Bauen, desde su recuperación en 2003, es un símbolo para el movimiento cooperativo argentino. Durante 17 años sus trabajadores demostraron que el trabajo sin patrón es una salida posible. Luego de haber pasado muchos años enfrentando fallos de la justicia en su contra, amenazas de desalojo, sumado a la crisis económica y la pandemia, debieron dejar el edificio en noviembre de 2020.

FaSinPat significa Fábrica Sin Patrones y es el nombre de una fábrica de baldosas de cerámica ubicada en la ciudad de Neuquén (provincia del Neuquén, Patagonia argentina). Desde comienzos del año 2002 se encuentra bajo el control de sus trabajadores luego del cierre de su antecesora Cerámica Zanon, quebrada a finales de 2001. Es una de las fábricas más destacadas del movimiento de empresas recuperadas de Argentina.

Luego de haber visto un panorama contemporáneo de la economía social más institucionalizada, las mutuales y cooperativas –y en particular, dentro de estas últimas, las cooperativas de trabajo–, continuaremos con la dimensión empírica de la ESS, presentando algunos apuntes sobre la economía social emergenteN en las últimas décadas, la cual por lo general no adoptó las figuras jurídicas convencionales.

Como señalamos anteriormente, el planteo de la ESS se diferencia de aquellos otros que definen a la economía social exclusivamente por sus formas jurídicas instituidas. Desde nuestro punto de vista, estas constituyen la columna institucional histórica de un campo socioeconómico en construcción más amplio, que en los últimos años ha adoptado otras formas legales tales como asociaciones civiles o fundaciones. De allí que muchos países no solo reconocen estas figuras como entidades de la ESS, sino que también han instituido nuevas formas legales como empresas comunitarias, sociedades laborales, empresas de inserción social o cooperativas sociales. En la misma dirección, para el desarrollo estratégico de la ESS resulta clave incorporar a federaciones, confederaciones, redes, consorcios, mesas territoriales de gestión asociada, foros y colectivos de organizaciones.

Por otro lado, también es importante considerar como parte del campo de la ESS a las entidades educativas, de servicios técnicos y profesionales que vienen trabajando para el fortalecimiento y la consolidación del sector. Asimismo, se incorporan incluso los equipos del sistema científico-técnico comprometido con el sector: universidades, unidades de investigación-acción participativa, portales y observatorios, incubadoras sociales, etc. En definitiva, lo que queremos dejar en claro es que el campo empírico de la ESS está integrado por una creciente diversidad de prácticas y organizaciones socioeconómicas que enriquece, incluye y también excede a las figuras instituidas más clásicas de la economía social (Errecalde, Pastore, et al., 2015).

Siguiendo a Pastore (2014), argumentamos que la ESS reconoce una variedad de nuevas iniciativas económicas de carácter asociativo, solidario o comunitario, tales como:

• Diversas formas de asociatividad, redes u organización colectiva de pequeños productores, artesanos y emprendimientos de la economía popular urbana.


• Organizaciones de la agricultura familiar y movimientos campesinos, así como propuestas y prácticas de agroecología en clave de ESS.


• Nuevas formas de comercialización solidaria, tales como las ferias francas, que vinculan de forma directa a los productores rurales con los consumidores urbanos, las ferias de productores de la ESS, las comercializadoras del sector o los mercados asociativos territoriales.


• El comercio justo, equitativo, las redes de consumo responsable y los nodos solidarios de consumo.


• Iniciativas de finanzas solidarias, en particular la expansión del microcrédito, tanto en nuestro país como en distintas partes del mundo, pero también otras formas de finanzas solidarias que se vienen expandiendo en diferentes contextos, como la banca ética, los bancos comunitarios o diversas modalidades de monedas sociales (banco de tiempo, monedas locales, dinero electrónico, etc.) que han reemergido en contextos de crisis económicas, como es el caso reciente, por ejemplo, en España.


• Diversas formas de empresas de inserción social –por ejemplo, en el área de salud mental– o iniciativas socioeconómicas de provisión asociativa o comunitaria de servicios colectivos, sociosanitarios y educativos.


• El desarrollo de hábitat popular bajo modalidades de organización asociativa, colectiva o comunitaria. En este caso pueden citarse varios ejemplos de característica cooperativa (de trabajo o vivienda) y también, más recientemente, de mutuales con arraigo comunitario o territorial.


• Iniciativas colectivas relacionadas con cuidado ambiental, reciclado o energías renovables, así como formas de organización colectiva de recolectores urbanos (cartoneros), mayormente como variedades asociativas, aunque también, en algunos casos, como cooperativas de trabajo.


• El conjunto de entidades de apoyo, movimientos sociales y redes territoriales de economía solidaria.


• Diversas agrupaciones de arte independiente y cultura comunitaria, que desarrollan iniciativas o emprendimientos de cultura solidaria de carácter local o territorial, claramente diferenciadas de la mercantilización del arte y la cultura bajo la hegemonía de la sociedad del espectáculo.


• Medios de comunicación comunitaria, entre los cuales algunos optan por la modalidad cooperativa y otros adoptan la figura de asociaciones civiles.

Experiencias de la economía popular y solidaria

Presentamos aquí una síntesis de varias trayectorias mencionadas previamente, básicamente: la economía popular solidaria (urbana y rural); las iniciativas y estrategias de construcción de mercados alternativos y finanzas solidarias; y los emprendimientos sociales asociativos o comunitarios, en especial las empresas sociales en salud mental.

De la economía informal a la economía popular solidaria

Desde fines del siglo XX, tanto en las grandes urbes de la Argentina como en otras ciudades del continente, las actividades de autoempleo o el desarrollo de pequeños emprendimientos económicos por cuenta propia pasaron a tener mayor incidencia en las estrategias de subsistencia de los sectores populares, en particular con el crecimiento del denominado sector informal urbano. Es decir, por lo general se trata de emprendimientos con base en la familia o en las relaciones de proximidad, con fuerte peso en el sector de servicios o en actividades de oficio y con un alto grado de informalidad o de economía no registrada. Sin duda, estas iniciativas en sí mismas, aisladas o desarrolladas en forma individual, no forman parte de la ESS, sino más bien del denominado trabajo autónomo o por cuenta propia, específico de los sectores populares.

Como señalan Errecalde, Pastore, et al. (2015), una parte importante de la economía popular en América Latina se desarrolla en articulación con estrategias de redes de proximidad o confianza más asociativas, vecinales o comunitarias, que combinan diferentes formas de acceso a los recursos o los ingresos con estrategias de reproducción social por parte de los integrantes de las unidades domésticas. Por este motivo, a partir de la crisis y de la expansión consiguiente de las situaciones de vulnerabilidad social ocasionadas por las políticas neoliberales, dichas estrategias asociativas o comunitarias de reproducción social de la economía popular han sido apoyadas y promovidas por organizaciones territoriales, movimientos sociales o entidades no gubernamentales de apoyo, con el objeto de que las mismas pudieran ganar peso específico en asociatividad, organización colectiva, incidencia política, capacidad de relacionamiento mesoterritorial, o de acceso a recursos y tecnología. En definitiva, las experiencias de la economía popular de base más territorial o comunitaria vienen siendo incluidas en una estrategia más amplia de desarrollo de la ESS, a tal punto que puede hablarse, como en el caso de Brasil, de una “economía popular solidaria”, ya que se impulsa un conjunto de acciones concretas para incluirla en un proyecto de ESS en cuanto apuesta, al mismo tiempo, hacia una transformación de dicha economía popular con sentido estratégico de mayor organización colectiva, gestión democrática y valores solidarios.

En el mismo sentido pueden mencionarse distintas experiencias de construcción organizativa de personas que trabajan en la recolección y el reciclado de residuos urbanos, los denominados “cartoneros”, cuya actividad informal creció de manera significativa a partir de la crisis de principio de siglo, donde aún subsiste una cantidad no desdeñable de familias populares, a pesar de ser una actividad marginada por la sociedad, sumamente precaria, de bajos ingresos y con muy malas condiciones de trabajo. De hecho, las experiencias de construcción organizativa o asociativa de este sector buscan mejorar en términos de condiciones laborales, etapas de la cadena de reciclado de mayor valor agregado, poder de negociación económica, incidencia política o fomento de dispositivos que faciliten la clasificación, la recolección y el reciclado de residuos en territorios específicos, en articulación con los residentes del lugar. Un ejemplo de interés, desde esta perspectiva, lo constituye el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE).

Las estrategias de confluencia organizativa y acción colectiva en América Latina incluyen no solo al amplio sector urbano de la economía popular, sino también a una diversidad de pequeños productores rurales familiares y campesinos, parte de los cuales –se encuentren o no organizados en forma cooperativa– participan en movimientos territoriales de reconocida significación, como por ejemplo el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil.

La globalización, en el mundo rural, ha llevado a la propagación de los agronegocios, con sus consecuencias en nuestro país de expansión de la frontera agrícola de los commodities exportables (“sojización”), lo cual implica en muchos territorios la desintegración de grandes extensiones de montes nativos y, como corolario, la ocupación de asentamientos territoriales históricos de campesinos, pequeños productores rurales o pueblos originarios (Errecalde, Pastore et al., 2015).

Ante la expansión de un modelo que genera diversas modalidades de exclusión social y expulsión territorial, surgió una serie de movimientos de lucha y organización de pequeños agricultores y campesinos que retoman a su vez una historia de luchas agrarias de más larga data –como las ligas agrarias misioneras en las décadas de 1960 y 1970.

Entre los movimientos agrarios que surgen en estas últimas décadas en distintas provincias de nuestro país pueden mencionarse: el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (Mocase), la Red Puna de Jujuy, el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC), la Unión de trabajadores rurales Sin Tierra (UST) de Mendoza, la Coordinadora de Trabajadores Rurales (Cotrum) de Misiones, o la Mesa Campesina del Norte Neuquino (MCNN), la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI).

En ese recorrido, también se vienen impulsando confluencias organizativas más amplias de la economía popular urbana y rural, tal como es el caso en nuestro país de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), como confluencia organizativa de la diversidad de movimientos y orga nizaciones que agrupan. Entre dichas organizaciones se encuentran el propio MNCI campesino y el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) de recicladores, ya comentados.

Estrategias de construcción de mercados alternativos

A fin de abordar este tema, definiremos inicialmente el concepto de mercado para presentarles luego lo que consideramos son alternativas propias de la ESS, las cuales se diferencian del mercado convencional a partir de ciertas características que mencionamos más adelante.

Para definir el mercado partimos de los aportes de Razeto (1984), quien lo considera como un complejo sistema de interrelación social y de relaciones de fuerza de sujetos individuales y colectivos, que ocupan diferentes lugares en la estructura económica y social, que cumplen distintas funciones y que participan con distintos fines e intereses en un determinado circuito económico, relativamente integrado (Razeto, 1984). Este autor apunta que todo sistema económico constituye un tipo de mercado, y que este no es, pues, algo dado o natural, sino que conforma una determinada construcción histórica y social, en la que intervienen las diversas personas y sujetos económicos.

Por su parte, una característica central que tienen las experiencias de mercados alternativos propias de la ESS es que orientan sus acciones hacia la construcción de mercados más democráticos, desconcentrados, de carácter justo y solidario, lo cual se observa en distintas trayectorias de comercialización que apuntan a ello. Podemos englobar estas trayectorias bajo la categoría de modalidades alternativas de comercialización. A continuación, describiremos algunas, no solo de Argentina sino también de otras partes del mundo.

Comercio Justo (CJ). Sobre los orígenes del CJ existen dos versiones diferentes: 1) que surgió a partir de iniciativas de comercio solidario llevadas adelante por personas vinculadas a iglesias en Inglaterra y Estados Unidos durante los años 40 y 50 del siglo pasado; 2) que fue resultado de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés, United Nations Conference on Trade and Development), realizada en Ginebra en el año 1964, donde los países del tercer mundo presionaron con el lema “Comercio, no ayuda” para que los países del norte abrieran el comercio a sus productos agrícolas. Lo cierto es que ambas se proponían revertir un sistema global basado en las donaciones (para enfrentar la pobreza de los países del tercer mundo) por uno basado en la reconfiguración de las relaciones comerciales entre países para beneficiar a los pequeños productores de los países del sur.

Circuitos Cortos de Comercialización (CCC). Surge como concepto a mediados de los años 60 del siglo pasado, a partir de experiencias de venta directa de productores a consumidores en distintas partes del mundo industrializado (CEPAL, 2013). Si bien el concepto originario del CCC remite a aquellas formas de circulación agroalimentaria que solo tienen una o ninguna figura intermediaria entre producción y consumo (López García, 2011), los desarrollos teóricos posteriores comenzaron a poner énfasis no solo en el acortamiento de las distancias (a partir de la reducción en el número de intermediarios), sino también en las características de las relaciones que se producen entre dichos actores en el desarrollo de formas alternativas de abastecimiento. Dentro de esta modalidad de comercialización se encuentran las ferias del productor al consumidor, como es el caso, por ejemplo, de las Ferias Francas –que han tenido un gran desarrollo en varias provincias del Nordeste argentino, en especial, en la provincia de Misiones–, las cuales vinculan de manera directa pequeños productores rurales con consumidores de ciudades intermedias.

Otro tipo de experiencia a destacar dentro de los CCC es la desarrollada por las Comercializadoras de Intermediación Solidaria. Este tipo de experiencia ha proliferado en Argentina en los últimos años. Se trata de un conjunto de iniciativas que gestionan y articulan el intercambio de productos alimenticios entre productores y consumidores, desde una perspectiva de intermediación solidaria, diferenciándose del rol lucrativo y muchas veces también especulativo que tiene el mercado convencional. Estas comercializadoras actúan con el objetivo de construir entramados solidarios entre los subsistemas de la producción, la comercialización y el consumo. No solamente buscan mejorar los ingresos de los productores con los que articulan ni tan solo mejorar las condiciones de acceso a sus productos por parte de los consumidores; también se intenta estrechar los vínculos entre unos y otros, promoviendo conocimiento y compromisos recíprocos.

En este sentido resulta de interés mencionar algunas de las iniciativas de comercialización solidaria y de consumo organizado impulsadas y acompañadas desde la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), particularmente a través del Programa Universitario de Incubación Social (PUIS), el cual funciona desde 2014 en el marco de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNQ. Entre estas iniciativas se destacan el Almacén Autogestivo, el Mercado Territorial de la Agricultura Familiar y la Central Cooperativa.

Finanzas solidarias

Otra trayectoria de apoyo a la economía popular bajo una estrategia de economía social y solidaria la constituye el financiamiento solidario dirigido a pequeños productores urbanos y rurales, el cual se ha extendido de manera significativa en los últimos años, en particular, bajo la forma de programas de microcrédito. En efecto, si bien este desarrollo es reciente en la Argentina, en comparación con otros países de América Latina, y con un menor grado de cobertura respecto de la demanda potencial de crédito de los grupos que no acceden al sistema financiero formal, el sector manifiesta un dinamismo sumamente importante en la presente década.

Entre las experiencias sudamericanas de este tipo podemos mencionar el Banco Palmas, de Brasil; la Cooperativa de Ahorro y Crédito San Miguel de los Bancos, de Ecuador; y la experiencia de política pública del Fondo de Financiamiento Solidario, de Argentina.

Como señalan Errecalde, Pastore et al. (2015), el mapa actual de las instituciones que actúan en el sector es mucho más complejo y rico que en la década anterior, y se calcula que existen más de 1.500 entidades que desarrollan programas de microcréditos, superándose ya los 500 mil créditos otorgados en menos de una década. Esa variedad de entidades incluye organizaciones internacionales, bancos comerciales, organizaciones no gubernamentales dedicadas a las microfinanzas, organizaciones territoriales que desarrollan programas de microcrédito junto con otras actividades de promoción socioeconómica y comunitaria. En ese sentido se destacan dos programas públicos de la última década que tendieron a impulsar las actividades microcrediticias de este tipo de organizaciones.

Por una parte, en el año 2002 se creó, en el marco del Ministerio de Desarrollo Social, el programa denominado Banco Popular de la Buena Fe (BPBF), que entre dicho año y 2007 otorgó de manera descentralizada 23.000 créditos a unos 20.000 prestatarios (Errecalde, Pastore et al., 2015). Para este último período, el BPBF contaba con 65 organizaciones regionales de coordinación y 443 organizaciones locales que desarrollaban programas de microcrédito en todo el país. La mayoría de estas organizaciones locales se formaron en el proceso de eclosión de la crisis socioeconómica argentina –el 61 % lo hizo desde el año 2000 en adelante– y despliegan esta actividad de manera complementaria a otras funciones de promoción socioeconómica, tales como promoción social, educación y capacitación, promoción laboral, cultural y de salud.

Por otra parte, en el año 2006 se promulgó la Ley de Promoción del Microcrédito, mediante la cual se creó un programa específico con un fondo nacional de unos 100 millones de pesos, para apoyar programas de microcrédito desarrollados por entidades sin fines de lucro que colaboran con el desarrollo de las políticas sociales y se asocian en consorcios o redes territoriales para implementar los fondos otorgados. Estos últimos se aplican a la capitalización de las instituciones adheridas, subsidiándose total o parcialmente la tasa de interés y los gastos operativos y de asistencia técnica. Las organizaciones también se encuentran eximidas de cargas fiscales tales como el impuesto a las ganancias o al valor agregado. Un elemento interesante, desde el punto de vista de la convergencia organizativa, es que las organizaciones que se postulan para acceder a estos fondos deben asociarse entre sí desde una perspectiva territorial, ya sea en redes de microcrédito –cuando no participan organismos del Estado–, o bien, en consorcios –cuando además de las entidades no gubernamentales también las integran los gobiernos locales o provinciales (Errecalde, Pastore et al., 2015).

Emprendimientos asociativos y empresas sociales

En los últimos años emergieron también prácticas socioeconómicas de carácter asociativo o comunitario que contribuyeron a la creación de nuevas formas organizativas o a la reconfiguración de las preexistentes y de este modo se pasó a desarrollar actividades económicas orientadas a la integración social en distintos territorios y comunidades. En términos sintéticos, puede decirse que emergieron dos tipos de iniciativas asociativas en las comunidades locales.

• Por una parte, aquellas orientadas a la inclusión social de colectivos en situación de extrema vulnerabilidad sociolaboral, tales como personas con problemas estructurales de inserción laboral, jóvenes en proceso de recuperación de adicciones, personas en situación de calle, exconvictos, personas con discapacidad física, usuarios de servicios psiquiátricos y de salud mental, etcétera.


• Por otra parte, aquellas iniciativas socioeconómicas que buscan dar nuevas respuestas a las necesidades sociales emergentes –en particular las de las comunidades populares– en alimentación, salud, educación, cultura o problemas socioambientales.